ANTE LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL
Al
pueblo de Dios,
a
los legisladores y autoridades,
a
todos los hombres de buena voluntad
1. Los obispos argentinos reunidos en la Asamblea
Plenaria queremos recordar algunos criterios con la intención de
contribuir a que la nueva Ley de Educación Nacional, de próxima sanción,
sea un instrumento eficaz para la formación de las futuras generaciones de
argentinos y, por tanto, para el bien común de la Patria.
2. La educación es un bien público y es también un
bien personal y social. Todos, sin exclusión alguna, tienen derecho a una
educación de calidad. El Estado, por su parte, para sostener y respaldar
la libertad de enseñanza garantizada por la Constitución Nacional,
mantiene y preserva un único sistema de educación pública con dos
subsistemas: el de gestión estatal y el de gestión privada.
3. El rol principal y subsidiario del Estado debe
conjugarse con el derecho natural e inalienable de los padres a elegir
para sus hijos una educación que responda a sus propias convicciones y
creencias, sin discriminación alguna. Resulta irrenunciable sostener el
principio de libertad de conciencia como un derecho de las familias, de
los educadores y de los educandos.
4. Una concepción integral de la educación incluye
necesariamente la dimensión trascendente del hombre. Nuestros niños y
jóvenes merecen una Ley de educación que contemple en plenitud las
aspiraciones de la persona, que no sólo se expresa en su dimensión social,
laboral y científica, sino que busca las alturas de un horizonte cultural,
espiritual y religioso. En este sentido, aspiramos a que una ley de
educación para todos los argentinos dé la posibilidad a cada educando de
conocer, amar y creer en Dios, Creador y Padre de todos.
5. El sentir común de la sociedad es que la escuela
en Argentina esté al servicio de un desarrollo pleno del hombre como
persona en sus dimensiones física, intelectual y afectiva, sociocultural,
espiritual y religiosa, sin descuidar el aspecto laboral y comunitario. La
educación constituye el fundamento indispensable de una sociedad más justa
y solidaria que se sustenta en los valores de paz, libertad, igualdad,
solidaridad y búsqueda del bien común.
6. La educación es para todos, y todos tienen
derecho a iguales oportunidades. Corresponde al Estado, sobre la base del
principio de justicia distributiva, financiar de manera equitativa tanto
la educación de gestión estatal como la de gestión privada. Por otra
parte, la necesidad real de superar un sistema educativo fragmentado no
debe justificar una intervención excesiva del Estado Nacional sobre
las autonomías provinciales.
7. Ante la inminencia del tratamiento de la Ley de
Educación en el Congreso de la Nación, rogamos a todo el pueblo de Dios, a
los hombres de buena voluntad, especialmente a los padres de familia y a
los educadores, que se comprometan a sostener los principios que hemos
recordado y a los cuales han adherido más de trescientas cincuenta mil
personas, muchas de ellas pertenecientes a distintos credos y otras
instituciones. Consideramos que los mismos son fundamentales para que la
nueva Ley sea el instrumento adecuado en orden a construir una Nación
cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien
común.
8. A las autoridades que intervienen en la
elaboración y sanción de la ley les solicitamos que asuman estos
principios y los incluyan en el contenido de la misma.
9. Pedimos a todas nuestras comunidades que recen
insistentemente para que Dios, el Señor de la historia, ilumine a quienes
tienen la grave responsabilidad de sancionar esta Ley, y encomendamos de
un modo especial estas intenciones a Nuestra Señora de Luján, Patrona de
la Patria.
Pilar, 10 de noviembre de 2006
Los Obispos de la Argentina
