Miércoles 28 de junio de 2006
Comunicado de Prensa:
La Iglesia ante el proyecto de
Ligadura de Trompas y Vasectomía
Al ser de público conocimiento que en la Cámara de Diputados de la
Nación tiene avanzado estado parlamentario un proyecto de ley que
propone la legalización de la ligadura de trompas y la vasectomía,
queremos fijar, con claridad, cuál es el pensamiento de la Iglesia
respecto de un tema que causa un daño irreparable, ya que se trata de
una verdadera mutilación, altamente irreversible, particularmente para
la gente de bajos recursos.
En efecto, estas
intervenciones son una mutilación, que privan a la persona de las
funciones de un órgano sano. Por esto mismo no son terapéuticas (pues no
curan una enfermedad, sino que anulan el normal funcionamiento del
cuerpo) y su legalización constituye una violación al derecho humano a
la integridad corporal cayendo así en una insalvable
inconstitucionalidad (Pacto de San José de Costa Rica, art. 5). De
convertirse en ley, el referido proyecto podría aplicarse ante la
solicitud de cualquier persona, sin necesidad de que medie indicación
médica alguna, ni consentimiento del cónyuge, ni autorización judicial.
En el debate generado
por estas iniciativas se dice que este proyecto busca responder a
supuestas necesidades de los sectores más carenciados. Sin embargo
cuando se analiza esta visión, se advierte que constituye una forma de
discriminación hacia los más pobres, dado que la esterilización no
soluciona la pobreza, limitándose a impedir nuevos nacimientos. Los
problemas económico-sociales requieren soluciones económicas y sociales,
no médicas. Lamentablemente el referido proyecto repite las soluciones
del liberalismo salvaje de la década pasada, ya utilizada en otros
países de la región, como lo demuestra la dolorosa experiencia
internacional, logrando que dentro del marco de planificadas estrategias
sanitarias, las personas más pobres se vean forzadas o condicionadas en
su libertad a realizarse prácticas que las limiten de por vida y de las
que, en los hechos, no podrán arrepentirse.
La responsabilidad
social del legislador ante esta decisión es muy grande, pues nos
encontramos frente a una ley con efectos permanentes y duraderos. Como
ciudadanos de esta nación y Pastores del Pueblo de Dios llamamos a cada
uno de ellos y a la ciudadanía en general, a buscar soluciones no
mutiladoras sino caminos de solidaridad y de promoción humana, que sean
instrumentos útiles para trabajar por el bien común y el desarrollo de
las personas y las familias, respetando la dignidad e integridad del ser
humano.
Buenos Aires, 28 de
junio de 2006
Oficina de Prensa
Conferencia Episcopal Argentina
